miércoles, 22 de marzo de 2017

NOTA "EL GOBIERNO DE LOS 114 EJECUTIVOS"
Publicada en la Revista del IADE (Instituto Argentino de Desarrollo Económico). Buenos Aires. Marzo 21 de 2017.
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domingo, 5 de marzo de 2017

El profesor Norberto Galasso y su equipo de docentes integrado por Maximiliano Molocznik, Mara Espasande, Juan Navarro y Pablo Rodríguez, han sido despedidos de sus trabajos en la cátedra "Pensamiento Nacional" de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), de la provincia de Buenos Aires, en donde se desempeñaban como contratados desde hacía 5 años de manera ininterrumpida. SE AGRADECE COMPARTIR.
¿“DICTADURA DEMOCRÁTICA O DEMOCRACIA DICTATORIAL”?
 Norberto Alayón

En octubre de 2016, en San Juan en el Congreso Nacional de Trabajo Social, hice referencia en mi exposición a la vigencia en la Argentina actual de un creciente sesgo autoritario, que podría caracterizarse como una suerte de “dictadura democrática” o de “democracia dictatorial”.
Hoy, en febrero de 2017, aparece confirmándose de manera contundente esa tendencia que debilita el funcionamiento institucional.
El Ministerio de Trabajo de la Nación, conducido por Jorge Triaca (h), acaba de presentar un pedido de juicio político contra los dos camaristas (Enrique Arias Gibert y Graciela Marino) que avalaron la legalidad del reciente acuerdo paritario de los bancarios, requiriendo su destitución bajo los cargos de "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional". Mientras tanto, el gobierno del PRO-Cambiemos declama falazmente a los cuatro vientos que ellos no van a intervenir, no van a presionar, ni van a interferir en el funcionamiento del Poder Judicial.
Desde la Asociación Bancaria manifestaron su solidaridad con los jueces y advirtieron que sufren "un hostigamiento que violenta el orden constitucional".
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jueves, 16 de febrero de 2017

ASOCIACIÓN ILÍCITA

El gobierno actual en Argentina, más que representar a la reaccionaria ideología neoliberal, opera como una suerte de asociación ilícita.

sábado, 14 de enero de 2017

Nota "MACRI Y EL POPULISMO DE DERECHA". Diario "Página 12". Buenos Aires. 14/01/17.

Norberto Alayón - Profesor consulto (UBA). Autor del libro Asistencia y asistencialismo.
Los conservadores, los liberales, los socialistas “juanbjustistas”, los anarquistas, los “izquierdistas” siempre se opusieron y cuestionaron firmemente las medidas populistas que, progresivas aunque no totalmente suficientes, adoptaron el yrigoyenismo, el peronismo y su expresión más reciente el kirchnerismo en favor de los sectores más postergados de la sociedad.
Los “izquierdistas” critican al populismo porque éste no tiende a erradicar el sistema capitalista. Se muestran incapacitados para comprender la progresividad histórica de los movimientos nacionales y populares en los países dependientes como los nuestros.
Por su parte, los conservadores (la derecha, como la que hoy gobierna la Argentina) lo critican y abominan del mismo porque, aún incompletamente, defiende más los intereses de los sectores populares.
Aunque malsano, resulta absolutamente coherente que los sectores de privilegio hayan desplegado una demonización sistemática -a través de sus diarios, de sus radios, de sus canales de televisión, de sus intelectuales y académicos orgánicos- del concepto y de las políticas populistas.
Sin embargo, cuando estos sectores conservadores acceden al gobierno no dejan de asumir medidas populistas, aunque con objetivos cualitativamente diferentes. ¿Podríamos hablar, entonces, de la existencia de un “populismo de izquierda” (progresivo) y de un “populismo de derecha” (conservador). Creemos que sí, por lo siguiente:
Una cosa es la adopción de medidas populistas por parte de gobiernos que asuman, de manera estructural, el combate (aunque parcial) del fundamentalismo capitalista, preservando, ampliando y construyendo derechos para las mayorías; y otra, muy distinta, las medidas populistas que adoptan los gobiernos conservadores (como el neoliberalismo actual) que, a la par de representar y defender obscenamente los intereses de los sectores más privilegiados del sistema, generando más pobreza y excluyendo a más población, despliegan políticas asistencialistas en la perspectiva de la mera contención social, del control social y del disciplinamiento. La asistencia se transforma en una suerte de práctica bondadosa y caritativa y desaparece toda idea de derechos para el pueblo en su conjunto.
En el gobierno actual, mientras se avanza brutalmente con la pérdida de derechos (económicos, sociales, humanos, culturales) se mantienen ciertas políticas populistas, las cuales adquieren -al no articularse con procesos estructurales de defensa del bienestar general- un mero sesgo asistencialista.
Cuando las autoridades y los referentes más destacados del PRO-Cambiemos (y aún sus adláteres más degradados e inimputables) afirman, dentro y fuera del país, que se terminó el populismo en Argentina, ¿qué quieren decir? Avisan, en concreto, que ellos están restaurando las posiciones y las políticas más conservadoras, en contra de las mayorías populares.
Con descaro, cínicamente, disfrazan el discurso, adjudicándole todos los supuestos males al populismo de los proyectos nacionales y populares, mientras continúan ellos con las prácticas populistas, pero de derecha.     

miércoles, 4 de enero de 2017

EN CONTRA DE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
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Hacia 1997 escribí una breve nota (“Adolescencia: violencia y castigo”), posteriormente publicada en el libro “Niños y Adolescentes” de Editorial Espacio, la cual se relaciona con las propuestas actuales (una vez más reiteradas) de bajar la edad de imputabilidad.

En dicho texto expresábamos:

“Pareciera que cuando se habla de violencia, de aumento de la violencia, la asociación más rápida y directa que hace la sociedad está referida al castigo necesario para controlar dicha violencia, para reprimirla, para que no prolifere.

Menos frecuente, o más tedioso para algunos, resulta volver a pensar acerca del por qué de la violencia, de los orígenes sociales de la misma, de modo de alejarnos de concepciones “biologicistas” y de los impulsos de revancha primaria que nos suelen invadir.

Esta sensación y percepción primaria, poco elaborada e irreflexiva, a menudo gana el pensamiento y la acción, ya no sólo se los sectores frontalmente reaccionarios y punitivos, sino también el pensamiento de muchos de nosotros, ante la incertidumbre, la indignación y el miedo que nos producen determinadas acciones delictivas, especialmente las que implican la pérdida de vidas humanas.

La primer pulsión, entonces, nos encamina a la ecuación violencia-castigo; más violencia-más castigo; violencia precoz-reducción de la edad de imputabilidad, para el castigo precoz.

Pensamos más en reprimir que en prevenir. La prevención constituye una acción madura, reflexiva, moderna. La represión, por el contrario, encarna posiciones de mero revanchismo, de disciplinamiento socialmente diferenciado, de enmascaramiento de posiciones racistas.

¿A quiénes se castiga más en nuestras sociedades? A los más pobres, a los más desprotegidos, a los más estigmatizados. Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la delincuencia y luego son los más severamente castigados, configurando un férreo “círculo vicioso”, acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de responsabilidad.

La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación cotidiana y no sólo de esta época. Todos sabemos que, a menudo, se detiene y se encausa a las personas por mera “portación de cara”. Y cuando esa persona registra más de una causa (no importa si la misma fue instruida indebidamente o aún si fue absuelta) ya queda estigmatizada como “antisocial” o delincuente.

Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva, pero tampoco puede admitir -si se precia de democrática- la vigencia de criterios inequitativos para la administración de la justicia.

Ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, podrán combatir eficazmente la violencia, si no se ataca a ésta en sus orígenes, en las causales de índole estructural que sobredeterminan su presencia creciente.

Los castigos más severos, las condiciones indignas y medievales de reclusión, la pena de muerte, no resuelven los niveles de delincuencia y de violencia. Precisamente porque se abandona el lúcido y necesario ejercicio de ahondar en el origen de estas problemáticas (que indudablemente es social y no individual) para poder enfrentarlas en su génesis más significativa.

Cada tanto las sociedades pretenden “limpiar” su propia responsabilidad e impotencia y salen despavoridas a buscar “chivos expiatorios” para redimirse momentáneamente.

Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento más idóneo para la disminución de la violencia.

Si aumenta la violencia en una sociedad, más que enloquecernos punitivamente para ver en cuánto aumentamos las penas o hasta donde bajamos la edad de imputabilidad (hay quienes irresponsablemente hablan de los 12 años), tendríamos primeramente que preguntarnos en cuánto aumentó la pobreza, en cuánto aumentó el desempleo y el subempleo, en cuanto se flexibilizaron y redujeron los salarios, en cuánto se debilitaron los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. Es ahí donde tenemos que buscar y atacar las causas principales de la violencia y no meramente en los efectos últimos, aunque éstos resulten trágicamente horrorosos.

La sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia que entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza, en sí misma, es profundamente violatoria y violenta.

Conviene aclarar que no nos sumamos a esas posiciones discriminatorias y estigmatizantes, que relacionan mecánicamente el aumento de la pobreza con el aumento directo de la violencia. Y que entonces -desde esa asociación sesgada- concluyen en que los pobres son los principales delincuentes. La mayor relación de los pobres no es con la criminalidad, sino con la criminalización de la que son objeto.

Convivimos, a diario, con la violencia del desempleo, con la violencia de los salarios insuficientes, con la violencia de las familias pauperizadas, con la violencia de los niños y adolescentes sin escolaridad, con la violencia de la desnutrición y la mortalidad infantil, con la violencia de las viviendas insuficientes, con la violencia de los niños de y en la calle, con la violencia del tráfico y venta de niños, con la violencia de los narcotraficantes impunes, con la violencia de las mafias emparentadas con los altos poderes, con la violencia del despojo a los jubilados, con la violencia de la justicia no independiente, con la violencia de la ostentación obscena de los enriquecidos vertiginosamente.

Si vivimos en este marco de violencia, ¡qué tanto asombro y alharaca cuando un chico comete un acto violento! ¿Nos molesta como sociedad porque el espejo nos devuelve la imagen de lo que somos? ¿Ansiamos encarcelarlo, hacerlo desaparecer de nuestra vista, si es adulto aplicarle la pena de muerte, en una réplica miserable del acto instintivo de los gatos cuando intentan ocultar su propia excrecencia?

Demasiado sanos son todavía nuestros adolescentes, y especialmente los más pobres, quienes sometidos a una violencia estructural sin parangón, no reaccionan en idéntico sentido y con igual intensidad.

Si los adolescentes no están en la escuela o en el trabajo, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿cómo y de qué viven?  Seguramente ansiarán ir a bailar, asistir a una cancha de fútbol, fumar, tomar una cerveza, invitar a su novia, tener relaciones sexuales. Si no tienen autosustento y sus padres no los pueden apoyar económicamente, ¿asumirán dócilmente verse privados de estas actividades propias de su edad, mientras simultáneamente están inducidos, por la cruda lógica del mercado, al consumo indiscriminado de lo útil y de lo innecesario? ¿procesarán racionalmente la certera percepción de que no tienen presente, ni futuro, en este modelo societario de exclusión?

Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de sociedad estamos construyendo, para que luego, cuando estemos frente a la terrible desgracia de que un niño o un adolescente mate a otra persona, no salgamos despavoridos a buscar razones biológicas o genéticas en los “niños asesinos”, a tratar de penalizarlos más severamente o a intentar bajar la edad de imputabilidad para esos delitos.

La delincuencia y los delitos se construyen socialmente y luego, sólo en el eslabón más débil de la cadena, se aplican los castigos individuales, como una mágica creencia de haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo que no hicimos oportunamente para prevenir.

Los adolescentes y los niños expresan y reconstruyen, con sus comportamientos, las características de la sociedad en la que viven.

Las sociedades que asumen modelos político-económicos con un gran componente de violencia estructural (como la pobreza, por ejemplo), terminan cosechando lo que siembran. De ahí que la clave es la prevención y no el castigo.


miércoles, 28 de diciembre de 2016

"LOS 1.000 CENTROS DE MACRI" - Nota publicada en la Revista "La Tecl@ Eñe" - Buenos Aires - Diciembre 28 de 2016.




LOS 1.000 CENTROS DE MACRI

Norberto Alayón
Trabajador Social. Profesor Consulto de la UBA

El presidente Mauricio Macri prometió abrir 1.000 Centros de Primera Infancia en todo el país, en el curso del año 2016.

Lo hizo el 14 de abril del corriente año, en ocasión de presentar el Plan Nacional de Primera Infancia, en un acto llevado a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil “Chispitas” del barrio Villa Zagala, del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires.

En dicho acto estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el virtual viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yael Bendel, el intendente del partido de San Martín, Gabriel Katopodis, y el secretario de Desarrollo Social de San Martín, Oscar Minteguía.

En su peculiar estilo discursivo, entremezclando distintos tópicos y deseos de imprecisa conexión, Macri manifestó que “Lo que más nos interesa en el mundo es lo que va a pasar con nuestros hijos. Y quiero que en este camino estemos juntos. Hacia una Argentina más integrada, con menos exclusión. Donde eduquemos a nuestros chicos a trabajar, a respetar la ley. Una Argentina donde no haya impunidad y donde progresemos a partir de nuestro esfuerzo personal”. Sin dudas, todo un catálogo de diversas aspiraciones con una hilación difícil de interpretar.

Ampliando su enfática promesa, el jefe de Estado declamó que “Estamos comprometidos a construir 4.000 espacios de Primera Infancia”, antes de que finalice su mandato en 2019.

El Centro “Chispitas”, donde se llevó a cabo el acto de lanzamiento del Plan Nacional, recibió, el 23 de junio, la destacada visita de la “primera dama” argentina, Juliana Awada y la “segunda dama” norteamericana, Jill Biden (esposa del vicepresidente de los Estados Unidos), acompañadas ambas por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La Agencia Oficial Telam difundió la foto del significativo evento, donde se observa a Jill y a Juliana sentadas en una silla frente a once niñas y niños que las observan desde el suelo, junto a Carolina, mientras les muestran un libro en idioma inglés en cuya lámina se puede leer: “Then Lucy discovered a green beetle”. No resulta fácil poder verificar qué habrán podido aprender los niños de esa breve y promocionada visita, con foto incluida, de las tres ilustres “damas”.

El Programa de Centros de Primera Infancia (CPI) se creó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2009. Existen, en la actualidad, 64 de estos Centros en la CABA. El último fue inaugurado por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el 4 de mayo pasado en el barrio de Pompeya. El 13 de julio de 2015, Rodríguez Larreta prometió que “Vamos a llegar a los 100 CPI en toda la ciudad”, en un acto en el que fue acompañado por Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Diego Santilli y Carolina Stanley.

Extrañamente, en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no figura ninguna información acerca de la cantidad de Centros de Primera Infancia existentes y su distribución en las distintas provincias del país. Por lo cual la promesa presidencial de los 1.000 Centros en 2016 y los 4.000 para el 2019 resulta de difícil constatación y comparación. Por lo pronto, cabría saber, finalizando ya este año, si la promesa de Macri de los 1.000 Centros se concretó o fue simplemente un ampuloso anuncio incumplido de engañosa propaganda “populista”.

Sobre livianas y exorbitantes promesas, aviesas ellas, cabría recordar que, en 1996, el entonces presidente Carlos Saúl Menem, realizó también una fantástica promesa que luego -como tantas otras- no cumplió. Dijo, el execrable ex presidente: “Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma, que quizás se instale en Córdoba, esas naves van salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo y, por supuesto, más adelante en otro planeta si se detecta vida”.

Es de desear, por el bien de la infancia en particular, que la promesa de Macri de los 1.000 Centros esté cumplida y que se pueda demostrar fehacientemente. Y que ninguno de esos Centros esté ubicado y funcionando en la estratósfera.