miércoles, 24 de agosto de 2016

PLACA RECORDATORIA DEL CHE GUEVARA
SOLICITUD DE ADHESIONES. Se agradece compartir.

El Che Guevara vivió en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Aráoz 2180, casi esquina Mansilla.

Con la intervención de Comuneros y Diputad@s del partido Nuevo Encuentro estamos gestionando la presentación de un proyecto de ley para la colocación de una placa recordatoria en dicho solar, en conmemoración a su lucha por la emancipación y la justicia social.

Reforzando dicha iniciativa, se adjuntará una nómina de todas aquellas personas que adhieran a la propuesta, conteniendo nombre completo, número de documento y ciudad de residencia.

Se solicita y se agradece a quienes deseen adherir, el envío de los datos requeridos para la confección del listado correspondiente.

Fraternalmente,

Prof. Norberto Alayón - DNI 4.517.827


martes, 9 de agosto de 2016

Presentación del libro "NO a la Argentina conservadora", publicado por la Editorial Espacio de Buenos Aires.
SE AGRADECE COMPARTIR.

Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Blog:  http://norbertoalayon.blogspot.com.ar
Twitter: https://twitter.com/NorbertoAlayon
FB: www.facebook.com/norberto.alayon
 
Norberto Alayón

Norberto Alayón
Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Correo:     nalayon@sociales.uba.ar



miércoles, 13 de julio de 2016

“EL NEGOCIO DE LA EDUCACION – Prof. Norberto Alayón
                             SE AGRADECE COMPARTIR

Nota publicada en el diario “Página 12” de Buenos Aires hace 15 años (el 20 de marzo de 2001). El presidente de la Nación era el radical Fernando de la Rúa que hoy apoya al empresario neoliberal Mauricio Macri. El economista Hugo Oscar Juri era el Ministro de Educación entre el 25/9/2000 y el 20/3/2001, habiendo sucedido al economista Juan José Llach quien estuvo a cargo de dicha cartera entre el 10/12/1999 al 25/9/2000. A Juri lo sucedió el sociólogo Andrés Delich hasta la debacle final del 20/12/2001. En julio de 2016 la batalla por el negocio de la educación continúa aún más presente con el brutal impulso de la restauración conservadora del gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri.
                                              
“La educación, como la salud, es un bien público que no debe quedar sometida a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los intereses particulares de determinados grupos.

Las universidades privadas -en su enorme mayoría- representan los intereses particulares de grupos religiosos, de grupos ideológico-políticos o directamente de grupos empresariales.

A su vez, la universidad pública está orientada por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su carácter universalista y, por ende, esencialmente democrático. El necesario sustento económico estatal a la educación universitaria se justifica por la obligación que le cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad que la conforma.          

La tracción que ejercen los grupos privados para que el Estado proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del conjunto) no es nueva. Pero ahora el avance sobre la anhelada rentabilidad de la educación paga se muestra extremadamente voraz y a cara descubierta.

FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas que orientan Ricardo López Murphy, Daniel Artana, Manuel Solanet, Mario Teijeiro y entre cuyos Vocales y Consejeros Directivos participan Guillermo Alchourón, Enrique Crotto, Santiago Soldati, Jorge Aguado, Alejandro Bulgheroni y Amalia Lacroze de Fortabat, postula con convicción que "el objetivo básico de esta propuesta es crear un contexto competitivo en educación superior..." "Un elemento esencial de una competencia justa es que las instituciones privadas y estatales enfrenten condiciones similares. Una política esencial para ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales y la instauración de un sistema de préstamos y becas disponibles tanto para estudiantes de instituciones privadas como de las públicas. Existe también otro privilegio de las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las universidades públicas."

La falacia de estos argumentos radica en que colocan en el mismo plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al desarrollo social y moral de la sociedad. La Universidad no presta un servicio a individuos particulares; aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo tiempo, las condiciones de acceso a la educación superior comunes para todos (cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno) tiende a favorecer la igualdad, no sólo en el ingreso, sino también en la convivencia cotidiana.

Una propuesta que reduce la sociedad y la política a la mera competencia en el mercado, es una expresión reduccionista y empobrecida, aún de los principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad de la participación social y política.

Lo que se evidencia, tras las propuestas de recortes al presupuesto universitario, es la renovada presión de ciertos grupos económicos y políticos para que el Estado resigne la defensa de los intereses del conjunto a favor de intereses sectoriales.

A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal, aún no se han podido apropiar del llamado "negocio de la educación". Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad pública. Lisa y llanamente, aspiran transformar la educación en mercancía. Por eso hoy atacan tan fuertemente el financiamiento estatal del sector universitario.”

Resistirse ante este nuevo ataque a la universidad pública constituye una contribución profundamente democrática, tendiente a la realización de una sociedad más plena e igualitaria.


viernes, 8 de julio de 2016

“¿El trabajador social es un político?”
Prof. Norberto Alayón - Julio 8 de 2016.
SE AGRADECE COMPARTIR

En el mes de agosto de 1990 se llevó a cabo, en Buenos Aires, el XI Simposio Internacional de Trabajo Social, organizado por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS).

En dicho evento disertó el reconocido intelectual brasileño Paulo Freire. Paralelamente ofreció una charla abierta para estudiantes y profesionales, la cual se llevó a cabo el 9 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Después del golpe militar que se produjo en Brasil en 1964, instalando en la presidencia al Gral. Castelo Branco, Freire se exilió en Bolivia en septiembre de ese año. Acaecido otro golpe militar en Bolivia, que impuso como presidente al Gral. René Barrientos, se trasladó a Chile en el mes de noviembre, pocos días después de haber asumido la presidencia de ese país el demócrata cristiano Eduardo Frei. Trabajó en educación popular hasta principios de 1969 (antes de la elección del gobierno popular de Salvador Allende), asesorando al Ministerio de Educación, al Instituto de Desarrollo Agropecuario y al Instituto de Reforma Agraria. Muchos años más tarde fue Secretario de Educación de Sao Paulo, Brasil, por el Partido de los Trabajadores.

En la conversación informal expuso, ante la pregunta de un colega de Chubut acerca del rol del trabajador social, resaltando lo siguiente: “cuando me preguntan sobre el rol del trabajador social en uno u otro campo, se corre el riesgo de pensar que haya un rol universal del trabajador social. La cuestión es que el trabajador social como cualquier educador es un ser -como cualquier hombre y cualquier mujer- histórico, haciéndose y rehaciéndose en la historia, social y no individualmente. El trabajador social es, justamente por ser un trabajador social, un político, lo sepa o no. Ahí no cuenta la subjetividad del trabajador social, lo que cuenta es la objetividad de su práctica. La práctica del trabajador social es política, independientemente de que el trabajador lo sepa. Lo bueno es que lo sepa. La respuesta sería: depende de la opción política del trabajador social, depende de la competencia científica y técnica del trabajador social, depende de la coherencia que el trabajador social tenga en su acción en función de su opción política, depende de los límites institucionales, políticos, culturales y económicos, etc. a los que el trabajador esté sometido. Esto significa que la respuesta al mismo tiempo es difícil, porque no hay una sola, sino que hay diferentes hipótesis. Sin embargo, creo que deberíamos decir que una de las tareas básicas del trabajador social, si este trabajador o educador social es progresista, es plantear, tantas veces como le sea posible, al grupo de obreros o a la comunidad en general, la cotidianeidad misma, la experiencia cotidiana de los grupos para que, tomando su propia experiencia cotidiana en la que se constituye su saber como sentido común, puedan descubrir o hacer otra lectura más crítica de su cotidianeidad, iluminando con esta lectura crítica la razón de ser de su situación opresiva.”  

Y agregó: “Hoy, en la conferencia del Congreso, decía que una de las tareas de los trabajadores sociales progresistas en este fin de siglo, es desarrollar prácticas desocultadoras de lo real y nunca ‘ocultantes’. Esto es, una práctica de develamiento de la ideología que nos domestica, para que, aclarando la penumbra que esta ideología genera, podamos iluminar la realidad concreta que necesitamos transformar.”

Reflexionar, conjuntamente con los sectores populares, sin pretensiones paternalistas ni “iluminadoras”, acerca de los orígenes de la pobreza, de la vulneración, de la discriminación, en suma de la injusticia social, que predomina en el funcionamiento de nuestras sociedades, puede significar una contribución sustancial de la práctica de los trabajadores sociales que potencie la inescindible dimensión política de esta profesión. Es desde esta perspectiva, que cabe caracterizar al trabajador social como un actor político (en tanto opera sobre lo social), que pueda estar en condiciones de asumir análisis críticos (de la política social, de las instituciones y de su propia práctica) y desplegar acciones concientizadoras acerca de los procesos de carácter estructural que afectan particularmente a los sectores sociales tradicionalmente más vulnerados. En un sentido amplio, toda práctica social es una práctica política.

Por otra parte, sobre las organizaciones gremiales de los docentes, destacó un aspecto crucial que no suele ser tenido suficientemente en cuenta. Afirmó que “un sindicato de educadores tendría que tener momentos de grandes peleas por reivindicaciones salariales, pero jamás reducir su lucha a esto. Un sindicato de educadores tendría que preocuparse también por algo que es fundamental y que es la formación permanente de sus cuadros. Es importante no dejar la formación permanente -que ni siquiera es permanente- de los educadores, en manos del Estado burgués. Debe entrar en ese campo y preocuparse por esas cosas, que yo creo que son fundamentales y hasta ahora han sido abandonadas.”


La debida capacitación de los docentes, en sus distintos niveles, también constituye un aporte estratégico para contribuir a identificar y comprender rigurosamente el sistema social vigente y, a la vez, ir apuntalando los cambios que conduzcan hacia un orden social más justo y equitativo.

lunes, 4 de julio de 2016

"El capitalismo corruptor" - Nota que publiqué en el diario "Página 12" de Buenos Aires el 2 de enero de 2014. Relacionada con el momento actual (julio 2016) ante la reiterada presencia de empresas y empresarios, nacionales y extranjeros, corruptos y corruptores.
SE AGRADECE COMPARTIR

Empecemos rememorando lo mero principal: en esencia, el capitalismo es profundamente corrupto y corruptor. Como decía el viejo proverbio español, “lo que por sabido se calla, por callado se olvida”. Para no olvidar, entonces, recordamos que el capitalismo es el sistema político-económico-social que predomina en casi todo el mundo.
El juez federal Ariel Lijo acaba de procesar (a fines de 2013) a ex ejecutivos de la empresa alemana Siemens por el pago de sobornos, por 106 millones de dólares, a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, para quedarse con el negocio de la informatización de los DNI en la “Década Infame” de los ´90. El juez consideró probado que las coimas existieron y dictó 17 procesamientos y embargos millonarios a los directivos de Siemens, a los funcionarios de Menem y también a integrantes del Grupo Socma (de la familia Macri) por su relación con el delito cometido.
La corrupción no es un fenómeno exclusivamente inherente a lo estatal. Se trata de un comportamiento que, en sintonía y correlato con el modelo de funcionamiento social, atraviesa al conjunto de la sociedad, incluyendo -obviamente- también a la clase política.
La corrupción no es patrimonio exclusivo de los poderes del Estado, se trate del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Seguro que hay -y está muy mal- políticos corruptos, legisladores corruptos, jueces corruptos. Y también hay empresas corruptas (pensemos sólo al pasar en "Papel Prensa"), empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos, sindicalistas corruptos, corporaciones profesionales corruptas, lobistas corruptos, organizaciones internacionales corruptas.
Pero el “sentido común” de la gente adjudica y relaciona, casi automáticamente, la corrupción sólo con los políticos. Y no se trata de ser ingenuos ni indulgentes con determinados políticos corruptos. Pero hay que advertir que cuanto menos política haya, que cuanto menos Estado funcione, más actuarán a sus anchas los corruptos de adentro y de afuera, y especialmente los grandes mercaderes (sean los Estados imperiales, las empresas internacionales de enorme poder económico, los grupos financieros del mundo, los “serviciales” bancos, etc.).
En suma, como se decía certeramente en otras épocas (y que es necesario seguir teniendo presente), nos referimos a los principales expoliadores y corruptos de toda laya, los cuales para garantizar su reproducción y vigencia buscan y logran corromper a distintos actores de la función pública y, lo que no es menor, logran pasar como cínicos ángeles impolutos, sorteando el descrédito que también los debería alcanzar a ellos.

jueves, 30 de junio de 2016

"Julián Dindart: un médico embarazoso" - Por Norberto Alayón *
Nota publicada en el diario "Página 12" - Buenos Aires - 30/6/2016
SE AGRADECE COMPARTIR

Dindart es un médico pediatra correntino, de la Unión Cívica Radical, que hoy integra la Alianza del PRO-Cambiemos. Fue ministro de Salud de la provincia de Corrientes, entre el 2009 y el 2015, durante el gobierno de Ricardo Colombi, también radical. Actualmente es diputado nacional y presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara.
E
l 19 de marzo de 2012, siendo ministro de Salud provincial, declaró que “las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”, en alusión a la Asignación Universal por Hijo (AUH). A raíz de las diversas críticas recibidas por su conservadora manifestación, ensayó distintas explicaciones intentando desmentir lo que había expresado: “que los medios lo malinterpretaron”; “nunca dije eso, es una atrocidad”; pusieron “en mi boca cosas que no dije”.
Según el diario El Tribuno de Jujuy del 20 de marzo de 2012, fuentes de la gobernación correntina indicaron a Noticias Argentinas que el ministro se vio obligado a desmentir sus afirmaciones porque habría recibido un severo llamado de atención por parte de Colombi, aunque por el momento seguirá en el cargo”.
Dindart no sólo continuó en el cargo de ministro, sino que él sí obtuvo un premio mayor (aunque por supuesto sin embarazarse), al ser elegido como diputado nacional.
El médico Horacio Sotelo es el director del Hospital “José Vidal” de la capital correntina. El pasado 11 de mayo, en diálogo con la Radio Sudamericana de dicha ciudad, se refirió al desempeño ministerial de Dindart señalando que “su gestión fue nefasta, sobre todo en el último tiempo, donde usó el ministerio solamente para catapultarse a otra función”.
En marzo de 2012, Dindart hizo pública su concepción sobre la “motivación” del embarazo de las adolescentes, luego aparentó desdecirse y ahora –en junio de 2016– reitera su punto de vista sobre el tema, confirmando que sigue pensando y diciendo lo mismo que había afirmado en 2012.
Como presidente de la Comisión parlamentaria que debe velar por los derechos y el bienestar de las familias, de las mujeres y de las y los niños y adolescentes, el radical médico correntino acaba de ratificar lo que decía en 2012, expresando que las madres adolescentes que reciben una asignación por hijo “buscan tener algún otro (hijo) para tener un poco más de dinero”.
El diputado Dindart pareciera estar grávido de prejuicios clasistas, estigmatizantes, discriminatorios sobre los sectores más vulnerados y vulnerables de la sociedad. Piensa igual que el cómico santafesino Miguel Del Sel, de la Alianza Cambiemos, hoy embajador argentino en Panamá, que afirmaba que las “chinitas” de su provincia se embarazaban para cobrar la Asignación por hijo. Y también en sintonía con el dirigente radical Ernesto Sanz que, pretendiendo descalificar la función social de la AUH, llegó a manifestar impúdicamente que “se iba a ir por la canaleta del juego y de la droga”. Con semejantes “pensadores”, el cambio que proponía la Alianza Cambiemos está a la vista.
Las adolescentes de clases bajas –según Dindart, Del Sel y otros lúcidos “teóricos” del gobierno actual– tienen relaciones sexuales y se embarazan para cobrar la AUH. En correlato opuesto, las adolescentes de clases medias y altas tendrían relaciones sexuales por placer (lo cual es saludable) y no se embarazarían para cobrar algún subsidio, ya que utilizan profilácticos u otros métodos anticonceptivos. Lo cual tampoco es cierto, ya que las adolescentes de estos otros sectores sociales también se embarazan, aunque no suelen culminar con el alumbramiento porque tienen los recursos materiales y sociales para acceder a la interrupción de sus embarazos.
Que Julián Dindart sea el presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina es una verdadera afrenta y un indeseado embarazo para el conjunto de la sociedad.
* Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Principio del formulario

Final del formulario


viernes, 24 de junio de 2016

“LAS POLÍTICAS SOCIALES DEL MACRISMO”
Prof. Norberto Alayón - Junio 2016


Mauricio Macri, ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, es el empresario neoliberal que asumió como Presidente de los argentinos en diciembre de 2015. Previamente, en dos mandatos consecutivos, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante ocho años, entre 2007 y 2015. Su Jefe de Gabinete de Ministros, durante todo su mandato, fue Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la CABA (desde diciembre de 2015). Sus Ministros de Desarrollo Social en la ciudad fueron Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal y Carolina Stanley.

En la actualidad, el Ministerio de Desarrollo Social pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, conducido por Guadalupe Tagliaferri, que había sido durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad Directora General de la Mujer, Subsecretaria de Promoción Social y Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En estos días, fue declarado el estado de Emergencia de las políticas públicas y de la situación laboral en dicho Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA, por parte de los trabajadores organizados en la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Promoción Social. Denuncian que “este escenario es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la Ciudad. La gestión del Partido PRO, en los últimos ocho años, desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y como garante de derechos para la población más vulnerable. Se deterioraron, así, el carácter público de las políticas sociales y, también, las condiciones laborales de sus trabajadores/as.”

Los integrantes de la Junta Interna de ATE trabajan en las Direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia y en el Programa Buenos Aires Presente. Destacan que “conocen, mejor que nadie, el desmembramiento y la falta de presupuesto de los programas destinados a trabajar con la población en situación de calle, con niñas/os y adolescentes víctimas de explotación sexual, en el abordaje del uso problemático de sustancias psicoactivas, y en la restitución y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios en las villas de emergencia.” La Dirección de la Mujer está a cargo de María Lorena Calzetta; la de Adicciones a cargo de Héctor David Ríos; y la de Niñez y Adolescencia a cargo de Gabriela Marcela Francinelli.

Precisan que “Esta es la pesada herencia del macrismo en la Ciudad, hoy continuada por Horacio Rodríguez Larreta: el vaciamiento de políticas públicas y el desborde de los dispositivos, la falta de recursos esenciales (humanos y materiales) para desarrollar tareas sensibles, condiciones edilicias y de medioambiente de trabajo paupérrimas. Se le suma a esto una tendencia hacia la privatización y la tercerización, así como una ausencia de abordajes integrales y articulados.”

Señalan, a la vez, que “las intervenciones, fragmentadas y desarticuladas, producen efectos de revictimización, dado que las personas con las que trabajamos deben exponer sus historias en reiteradas oportunidades, a la espera de una atención de las demandas que, en muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponde.”

Los trabajadores mencionan que realizan su tarea “en lugares derruidos, que contrastan brutalmente con la megaobra arquitectónica de la nueva Jefatura de Gobierno (en Parque Patricios). Un palacio de cristal destinado a tareas administrativas, que se contrapone atrozmente con las dependencias donde se atienden problemáticas sensibles.” “Así, nos vemos sometidos/as a realizar entrevistas en pasillos, escaleras, en la calle o en oficinas con espacios únicos sin divisiones, donde es una tarea titánica efectuar la atención en el marco de respeto que esto amerita.”

Alertan sobre la “falta de vacantes en refugios y hogares” y sobre la existencia de “unas 17 mil personas en situación de calle”. “El único subsidio habitacional que ofrece el GCBA en la actualidad, para familias, es de $ 1.800 por mes, por no más de 10 meses (si se trata de una persona sola, el subsidio es todavía menor). Hoy el valor de una habitación para tres personas, en un hotel familiar que ni siquiera cumplimenta las mínimas condiciones de higiene y seguridad, no baja de los $ 4.000 mensuales.”

Por otra parte “se incrementaron los requisitos, formularios y papeles a llenar, y las inscripciones deben realizarse vía web, cuando muchas veces ni los destinatarios ni los efectores cuentan con computadoras o acceso a Internet.”

Asimismo, manifiestan que “los ocho años de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno  dejaron altísimos porcentajes de informalidad en el empleo público, que lejos están de bajar con (el nuevo Jefe) Rodríguez Larreta. La informalidad tiene como consecuencia la desigualdad en los salarios, así como también el desamparo legal ante un posible despido para quienes, pese a trabajar desde hace años, facturan como monotributistas.”

Los trabajadores agregan que “este panorama hace muy difícil el sostenimiento de las políticas sociales. En el ministerio hay más de 1.200 compañeros/as sin estabilidad laboral: 900 bajo contrato de locación y cerca de 300 por ONGs y UBA. Si le sumamos que el GCBA calcula la canasta básica para una familia con dos hijos/as en casi $ 18.300 y que percibimos salarios de entre $ 8.000 y $ 12.000, esto deriva en ciclos de despidos encubiertos o por goteo.”

Finalmente, reiteran la declaración del estado de Emergencia puntualizando que “las renuncias constantes, al igual que el pluriempleo, son la consecuencia práctica de los salarios insuficientes y la falta de derechos básicos. El trabajo con los destinatarios de los programas se ve comprometido de múltiples formas. El consenso y la implementacion de estrategias que se sostengan en el tiempo son imposibles con la rotación de profesionales, que afecta muchos de los programas. Cada renuncia -cada despido encubierto-, además, implica saberes y experiencia que se dejan ir.”


Concluyen su declaración, resaltando que esta situación “es imperdonable en la jurisdicción con mayor ingreso per capita de la Argentina” y que “las falsas promesas de ‘alegría’ y de ‘pobreza cero’ intentan disfrazar la cruda realidad que se vive en la ciudad de Buenos Aires.”