viernes, 29 de enero de 2016

“Darío Lopérfido y la Unión Cívica Radical”
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Norberto Alayón
Profesor Titular Regular - Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Buenos Aires, 29 de enero de 2016.
Nota publicada en la RevistaLa Tecl@ Eñe”http://www.lateclaene.com/#!alayn-norberto/csne

Darío Lopérfido, de 51 años, es un importante cuadro político de la Unión Cívica Radical, partido fundado por Leandro N. Alem en 1891, que en las elecciones del 2015 integró la Alianza “Cambiemos”, liderada por el partido PRO (“Propuesta Republicana”), logrando la elección del empresario neoliberal Mauricio Macri como presidente de la Nación Argentina.

Lopérfido es actualmente el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designado por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la ciudad, destacado dirigente del PRO. Días pasados, en declaraciones relacionadas con la dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976, expresó que “en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que esa cifra es “una mentira que se construyó en una mesa para cobrar subsidios”.  Recibió el apoyo de María Cecilia Pando, reconocida militante ultraderechista, esposa de un mayor retirado del Ejército, quien manifestó “Estoy de acuerdo con que no fueron 30 mil los desaparecidos. Pusieron ese número para decir que fue un genocidio, pero no lo fue”.

El diario conservador “La Nación” publicó el 8 de diciembre de 2014 lo expresado por Mauricio Macri sobre derechos humanos. El hoy presidente del PRO-Cambiemos, que inmediatamente comenzó a gobernar con mano dura, sin funcionamiento del Congreso, con decretos de “necesidad y urgencia”, con masivos despidos de trabajadores, con represión y encarcelamientos arbitrarios de dirigentes sociales, sentenció arrogantemente en esa ocasión: “conmigo se acaban los curros en derechos humanos”. Probablemente esa extraviada (aunque coherente) manifestación de Macri del 2014 (que hoy como Presidente se niega a recibir a las Abuelas y a las Madres de Plaza de Mayo), haya fortalecido el pensamiento retrógrado de Lopérfido, avalando sus afirmaciones actuales.

Lopérfido ocupó varios altos cargos en la ciudad y en la nación. Entre ellos, fue Secretario de Cultura y Comunicación (con rango de Ministro) entre 1999 y 2001, durante la presidencia del “no aburrido” radical Fernando de la Rúa. En octubre del 2000 declaró al diario “La Nación” que había “aceptado un cargo público por dos razones: adhesión personal y política (al presidente) De la Rúa y el convencimiento de que está haciendo “cosas que servirán para mejorar la vida de los argentinos”. La realidad demostró que Lopérfido no parece ducho para los aciertos y que su “convencimiento” resultó a la inversa y trágicamente perjudicó con severidad la vida de los argentinos y sus descendientes.

Dentro del radicalismo, Lopérfido integró el llamado “Grupo Sushi”, formado por Antonio de la Rúa (uno de los hijos de Fernando), entre los que se encontraban varios destacados radicales como Andrés Delich, Darío Richarte, Lautaro García Batallán, Hernán Lombardi, Cecilia Felgueras. Este Grupo habría contado con el padrinazgo protector del jefe de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), Fernando de Santibáñes. Varios de ellos, fueron también importantes funcionarios de la Universidad de Buenos Aires, íntimamente ligados al Rector radical Oscar Shuberoff. En diciembre de 2014, Lopérfido se casó con la actriz Esmeralda Mitre Alvarez de Toledo, de 34 años, hija de Bartolomé Luis Mitre, dueño del diario “La Nación” (la fiesta de casamiento se llevó a cabo en el Tenis Club Argentino de Palermo, con la presencia de 400 invitados).  

Horacio Rodríguez Larreta, máxima autoridad porteña del partido PRO, ¿por sus impertinentes y malsanas declaraciones, le exigirá la renuncia a Darío, que no es pérfido, sino que se evidencia como consecuente reaccionario, en plena sintonía con los máximos dirigentes de la Unión Cívica Radical?


Si don Hipólito Yrigoyen viviera, seguramente el no pérfido Darío no sería Ministro de Cultura.

martes, 26 de enero de 2016

“Pedro y la compra de dólares”
SE AGRADECE COMPARTIR.  26 de enero de 2016.

El economista y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Rubén Telechea, explica con un breve ejemplo concreto cómo cambiaron las percepciones  respecto a la “libertad” para adquirir la divisa estadounidense.

Pedro tenía un muy buen trabajo y ganaba 50 mil pesos por mes.
De ese total usaba 30 mil pesos para distintos gastos fijos en su vida cotidiana, como impuestos, compras de supermercado, salidas y distintos gustos que podía darse él y su familia.
Con los 20 mil que le sobraban Pedro quería comprar dólares ahorro, para que su dinero “no pierda valor”, como se dice usualmente. Sin embargo, el hombre se enojaba porque el “cepo” cambiario que existía y estaba vigente desde el 2011, le permitía comprar solo mil dólares por mes, según su sueldo.
Aún así, le interesaba tener ese dinero resguardado: gastaba 10 mil pesos para comprar mil dólares, y el dinero restante -10 mil pesos más- lo utilizaba para distintas inversiones.

Ahora, a Pedro le sacaron el cepo y está contento, ya no se siente enojado. Sigue ganando 50 mil pesos por mes y, en lugar de gastar 30, invierte 36 mil en las compras y demandas fijas por los distintos incrementos de precios que se fueron generando. Lo bueno es que ahora Pedro puede comprar todos los dólares que quiere, ya que puede adquirir hasta 2 millones de dólares por mes, y no solo mil, como ocurría desde 2011. Así que está contento.

¿Cuánto puede comprar Pedro con sus 14 mil pesos restantes? Solo mil dólares. La misma cantidad que podía adquirir antes, con el “cepo cambiario”. Ya que el dólar pasó de 10 pesos a 14 y monedas. Pero… ¿Cuánto le sobra a Pedro para otras inversiones? (recordando que anteriormente le quedaban 10 mil). Bueno, ahora no le sobra nada.

Los precios aumentaron y, por lo tanto, la capacidad de ahorro de Pedro (y de todos) es menor. Sin embargo, Pedro está contento porque no hay cepo y porque puede adquirir hasta 2 millones de dólares mensuales”.

lunes, 25 de enero de 2016

Despidos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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Prof. Norberto Alayón (UBA) - 25 de enero de 2016.

Pedro Robledo, destacado militante del PRO, de 24 años, estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires, es el actual Subsecretario Nacional de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce la abogada Carolina Stanley.

Robledo despidió a 20 trabajadores (diez de ellos con seis años de antigüedad). Los otros diez eran monotributistas contratados a través de un convenio con la Universidad de Tres de Febrero. Estos últimos recibieron como explicación, por el cese en su trabajo, que “Necesitamos este lugar para que almuercen los nuevos funcionarios”.

Según el diario “Página 12”, los trabajadores despedidos se ocupaban de realizar acompañamiento a la gente en situación de calle. El total de los trabajadores del Ministerio asciende a 5.000 personas: a la mitad, es decir a 2.500, se les confeccionó un contrato por tres y seis meses, según los casos.

Cecilia Castro es la Delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el Ministerio de Desarrollo Social. Manifestó que “Muchos de los trabajadores hacen laburo territorial, son promotores de los programas del Ministerio en los barrios. Ahora están todos apichonados en la oficina, no pueden bajar al barrio porque no hay fondos, ni autoridades. Si en marzo los evalúan, no van a haber hecho nada, pero porque no pudieron hacerlo”.

Gabriel Castelli, licenciado en Administración de Empresas y ex Director de las empresas Loma Negra y Farmacity y de Cáritas Argentina, es el Viceministro de Desarrollo Social de la Nación. El pasado 12 de enero mantuvo una reunión con autoridades del Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En la ocasión, el licenciado Castelli “aseguró que se regularizará la situación contractual de todas/os las/os trabajadoras/os durante el mes de enero, a fin de evitar retrasos en los pagos de salarios”.

Cuando las autoridades del Consejo Profesional le solicitaron información respecto de los procesos de evaluación/auditoría que se realizarían, el Viceministro explicó “que el mecanismo contempla el inicio en el Área de Recursos Humanos, siguiendo por cada Secretaría, Subsecretaría y Direcciones/Coordinaciones para la consulta respecto a cada trabajadora/or”.

Al planteársele “la inquietud respecto a la continuidad laboral de las/os trabajadoras/es monotributistas tercerizados/as en función de su situación de mayor inestabilidad, el Lic. Castelli no brindó respuesta de las definiciones a tomar”. Respecto a la discontinuidad de Programas, “afirmó que aquellas/os trabajadoras/es que se encuentren desempeñando tareas, lo continuarán haciendo en otro Programa en caso de que se produzcan cambios”. Explicando que “a la fecha no se concretaron despidos en el Ministerio y que harán lo posible para evitarlos”.

Pedro Robledo, el Subsecretario de Juventud que sí ya concretó 20 despidos en el Ministerio de Desarrollo Social, declaró el 11 de diciembre de 2015: “No vamos a llevar nuestro partido político (se refería al Partido PRO) al Estado”.


miércoles, 20 de enero de 2016

“Max Gulmanelli: el Secretario en Educación” -  SE AGRADECE COMPARTIR.

Mauricio Macri, el empresario neoliberal que desde el 10 de diciembre es el Presidente de Argentina, designó a Esteban Bullrich como su Ministro de Educación y Deportes. Bullrich (sobrino de Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad), licenciado en Sistemas y master en Administración de Empresas por la Escuela Kellogg de EE.UU., fue el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2009. Al asumir como ministro de la Nación designó al licenciado Maximiliano Gulmanelli a cargo de la Secretaría de Gestión Educativa del ministerio.
Gulmanelli es un personaje peculiar, en relación al cual escribí una nota (“Macri, Gulmanelli y los pobres”), publicada en el Semanario “Miradas al Sur” de Buenos Aires, el 18 de marzo de 2012. Transcribo a continuación dicha nota, que da cuenta del perfil ideológico-político del nuevo Secretario de Gestión Educativa de la Nación Argentina.

Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Blog: 
http://norbertoalayon.blogspot.com.ar
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“MACRI, GULMANELLI Y LOS POBRES”

Un grupo de niños que vive en la Villa 31 de Retiro concurre a una escuela primaria, dependiente del Gobierno de la Ciudad, distante a unas 30 cuadras de sus casas. Las diversas dificultades que se les presentan para asistir a la escuela (de seguridad ante el tránsito, de colectivos que no les paran en el barrio, de costos económicos) llevó a sus padres a reclamar, desde hace dos años, que el gobierno de Mauricio Macri les asigne dos micros para el traslado de sus hijos. El gobierno del partido PRO se negó firmemente a las reiteradas solicitudes de los vecinos y ello concluyó con una movilización que interrumpió y cortó el tránsito vehicular en esa zona del barrio de Retiro.

La irrupción en las calles de las familias desoídas por la pertinaz insensibilidad social del gobierno de Macri, sacudió irremediablemente la modorra y el retardo clásico (ante este tipo de necesidades) que caracterizan a los funcionarios del PRO.

Y, entonces, apareció en el firmamento Máximiliano (Max) Gulmanelli, para negociar alguna alternativa de resolución del ya muy dilatado problema. Max, el Director General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la ciudad, citó a los padres y, en la sala del ministerio donde estaban reunidos para dialogar y conciliar posiciones, los rodeó con agentes de la Policía Metropolitana.  Se trata del mismo ministerio en el cual Macri había designado en  2009 a Abel Posse, aquel cónsul de dos dictaduras, en reemplazo de Mariano Narodowski que tenía empleado en su cartera al célebre espía Ciro James.

Seguramente los papás de los niños se habrán sentido cálidamente protegidos y contenidos por la policía que el funcionario Max ordenó ingresar. Nada garantiza mejor el diálogo sincero y productivo de los ciudadanos con sus gobernantes, que la presencia de policías en una reunión, resoplándole a uno en la nuca, mientras intenta articular argumentos para reivindicar necesidades no satisfechas. Y esto acaba de ocurrir, ahora en marzo de 2012, en democracia.

Si se hubiera tratado de una reunión con padres de escuelas privadas, confesionales o no, ¿el gobierno de Macri los hubiera rodeado con policías, mientras dialogaban?

Precisamente el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ¿induce, con este tipo de prácticas policíacas, a fortalecer el prejuicio clasista y estigmatizante de que los pobres serían agresivos y violentos?

Los padres de los niños a quienes no se les asignan dos colectivos para poder concurrir a estudiar, ¿cómo se sentirán ante semejante maltrato y autoritarismo? El retrógrado accionar de Gulmanelli,  ¿incentivará en ellos una posible reacción de violencia simétrica a la que recibieron?

Las familias vulneradas, ¿podrán confiar mañana en el diálogo, como mecanismo fértil y maduro para la resolución de conflictos en democracia? ¿les brindará confianza este tipo de instituciones y este tipo de dirigentes?

Gulmanelli no es un joven funcionario sin antecedentes. Graduado en el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) y en la Universidad Católica de Santiago del Estero, fue -desde 2004 hasta 2008- asesor del Dr. Santiago de Estrada (Secretario de Estado de las dos últimas dictaduras) en la Vicepresidencia 1ª de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Fue miembro fundador de la Red Luján, de dirigentes políticos cristianos, Secretario del Departamento de Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Buenos Aires, y Director y Rector de diversos institutos y colegios católicos. Entre 2008 y 2009 fue Jefe de Despacho de la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad (hasta la renuncia de Gabriela Michetti como vicejefa). Desde 2010, es conductor -junto al sacerdote Guillermo Marcó- del programa “Entre el cielo y la tierra”, de Radio Rivadavia. Conductor, también, del programa “Siempre hay más”, en Canal 21 perteneciente al Arzobispado de Buenos Aires. Presidente de la Fundación Fragua, con sede en la Capital Federal, desde 2009. Completando sus distinguidos antecedentes, fue Coordinador General de Hogares de la Fundación Felices los Niños, dirigida por el Padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de adolescentes, que estaban internados en el “hogar” de la propia Fundación.

Tanta tradición “cristiana” no le impidió a Gulmanelli violentar, discriminar  y estigmatizar a los padres de los niños pobres, rodeándolos durante la entrevista de conciliación con agentes de la Policía Metropolitana, mientras intentaban acordar una solución al conflicto.

¿Cabría pedirle a Macri, como Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sustanciación de un inmediato sumario y la remoción del Director General Gulmanelli del cargo, que pertenece, nada más y nada menos, al área de educación?


“Acerca de la barbarie macrista”.  SE AGRADECE COMPARTIR.

Como es sabido, desde el pasado 10 de diciembre el empresario neoliberal Mauricio Macri es el nuevo presidente de la Argentina. El neoliberalismo se instaló fuertemente con la dictadura cívico-militar de 1976, continuó su afianzamiento y despliegue con el menemismo de los 90 y el radical De la Rúa, se constriñó importantemente con los gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015 y ahora vuelve a resurgir con virulencia en el marco de una suerte de “democracia dictatorial” o “dictadura democrática”, conducida con desparpajo por el partido PRO-Cambiemos.
Hace ya más de 2 años (el 1º de diciembre de 2013) publiqué una nota en el Semanario “Miradas al Sur” Nº 289 de Buenos Aires, titulada “Del Proceso de Videla al PRO de Macri” (http://sur.infonews.com/notas/del-proceso-de-videla-al-pro-de-macri). Transcribo textualmente dicha nota, estimando que varias de las informaciones y comentarios pueden resultar de utilidad para constatar la persistente y malsana “racionalidad” de las devastadoras medidas que viene adoptando apresuradamente el macrismo.
 
Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Blog: 
http://norbertoalayon.blogspot.com.ar


Del Proceso de Videla al PRO de Macri
                                                                                                                         
Ricardo Zinn (1926-1995), economista, autor del famoso slogan “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, expresó que “otro objetivo del gobierno militar fue la disminución de gastos en asistencia social” (La Opinión, mayo 1979).

En esos días de 1979 presentó la versión en inglés de su libro “La segunda fundación de la República” (de agosto de 1976) en el Harvard Club de Nueva York. En la ocasión argumentó que “los objetivos del Gobierno tienen como meta la efectiva apertura de la economía y la reducción drástica del gasto público, al que calificó de grave peligro para la existencia del país como sociedad libre”. Aseguró que había que corregir “los sesenta años de aventuras populistas y demagógicas que provocaron la decadencia político-económica en la Argentina”, señalando a la vez que “por primera vez en muchas décadas tenemos un sistema político basado en instituciones y no en personas, y en una política económica que asegura la corrección de defectos estructurales causados por muchos años de mala administración”.

Según Zinn, la obra presentada tenía como propósito hacer pública “la situación de un país que sufrió dos monstruosas desgracias: la populista distorsión de la democracia y la agresión marxista interna y exterior”. Enfatizó que “sólo los valores morales resultantes de un esfuerzo racional y ético hacen posible aplicar la democracia occidental”, agregando que “únicamente por la restauración de esos valores puede volver a funcionar la democracia”.

Del 2 de junio al 17 de julio de 1975 había sido vice-ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. Fue reconocido como el autor intelectual del “Rodrigazo”, aquel brutal plan de ajuste lanzado por el ministro Celestino Rodrigo que aumentó entre 50 y 180 por ciento el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y el transporte, los combustibles y desató una remarcación de precios que arruinó a miles de industriales y redujo a una tercera parte el poder adquisitivo de los salarios (Raúl Dellatorre, Página 12, julio 2006).

Durante el Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983 (la dictadura cívico-militar) Zinn fue asesor de José Alfredo Martínez de Hoz. Luego fue director del Banco de Italia y Río de la Plata (ligado al grupo FIAT) y presidente de SEVEL, en la que aparecían vinculados la automotriz de Turín y el Grupo Macri. Diseñó el Plan de Entidades Financieras que generó facilidades al Grupo Macri, uno de los más beneficiados durante la dictadura. Fue impulsor del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) y del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), hoy parte de la Universidad Austral. Después de finalizada la dictadura militar, participó de la Ucedé (Unión de Centro Democrático), tuvo fuertes relaciones con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), al tiempo que colaboró frecuentemente con el diario “La Nación. En los primeros años de la presidencia de Carlos Menem fue asesor de María Julia Alsogaray en las privatizaciones de ENTEL y SOMISA, junto con Mariano Grondona (h).

Este portador de semejantes antecedentes antipopulares y antinacionales desdeñaba de los “gastos” en asistencia social y bregaba por la firme disminución de los mismos. No era (ni es) el único que, impulsando la cruel lógica neoliberal, se resisten a la implementación de políticas sociales y asistenciales como mecanismo, aunque parcial, de disminución de la exclusión y de la pobreza.

Con justeza el economista peruano Javier Iguiñiz afirma que “hay una desvalorización de lo asistencial, porque se está pensando como que corrompe a la gente, que la hace entrenarse en estirar la mano. Yo estoy muy en contra de esta perspectiva. Uno siempre puede sacar casos individuales: el borracho tal o el drogado cual que vive de la limosna estatal y por lo tanto cultiva su propio vicio. Pero ésos no son los casos estadísticamente significativos; se los usa para denigrar el apoyo que mucha gente sana y muy trabajadora merece recibir. Considero que es una forma de expresar la mezquindad de mucha gente y desprestigiar el apoyo que merecen otros”. (Página 12, junio 2012).

El gobierno del PRO de Mauricio Macri recortó 3 millones de pesos del presupuesto destinado al Programa de Intervención Social en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios y los transfirió a la promoción y desarrollo de eventos como “Buenos Aires Ciudad de Moda” y el Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y Financieros. Previamente ya había suprimido otros 130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social (del Programa Ciudadanía Porteña que tiene por objetivo “disminuir los niveles de desigualdad” y del Instituto de Vivienda de la ciudad) para indemnizar a propietarios de comercios, viviendas y automóviles afectados por una inundación que se registró en la Capital Federal.

En 1976 fue designado por la dictadura cívico-militar el aviador Osvaldo Cacciatore como Intendente de la ciudad de Buenos Aires, permaneciendo en el cargo hasta 1982. El mismo impulsó, en su autoritaria gestión, una suerte de “limpieza étnica” en la ciudad, desalojando compulsivamente a miles de personas y expulsando a los habitantes de las villas y barrios pobres. El propio Mauricio Macri, presidente del Partido PRO y Jefe de Gobierno de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró públicamente su admiración por el funcionario de facto Cacciatore, como “el mejor Intendente que tuvo la ciudad”. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a expresar su adhesión y simpatía para con aquellos actores políticos -a pesar de no ser democráticos- con los cuales uno se siente contenido y representado en su ideología y en sus prácticas. Esta alabanza de Cacciatore da cuenta de las propias concepciones de Macri y de sus proyectos. 

El sociólogo brasileño Emir Sader, refiriéndose a los actuales gobiernos posneoliberales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, menciona certeramente que los mismos “defienden la centralidad de las políticas sociales -más que justificada en el continente más desigual del mundo- y no de los ajustes fiscales”. Asimismo, “defienden un rol activo en lo económico y social del Estado, en lugar del Estado mínimo y de la centralidad del mercado”. Agregando que “la lucha de resistencia al neoliberalismo y la construcción de alternativas posneoliberales es la más grande tarea contemporánea de la izquierda. Porque el neoliberalismo es el traje que viste el capitalismo en el período histórico actual”. (Página 12, noviembre 2013).

Esteban Bullrich, licenciado en Sistemas y Master en Administración de Empresas por la Escuela Kellogg de USA, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2009. Reemplazó en el cargo al pensador de derecha Abel Posse, cuya gestión duró 11 días y quien a su vez había reemplazado a Mariano Narodowski, procesado judicialmente en 2010, conjuntamente con Mauricio Macri, por un famoso caso de espionaje y escuchas telefónicas ilegales.

Bullrich sostuvo que la Asignación Universal por Hijo (AUH) “es una política del fracaso” y que el aumento del beneficio “genera un problema para toda la sociedad”. Agregó que “aumentar la AUH es demostrar por parte del Gobierno que es incapaz de resolver los problemas de pobreza, que la única forma que tiene de resolver los problemas de la gente no es dando trabajo y libertad con el trabajo o mejor educación sino dándole más plata”. Y vaticinó que “en caso de que Macri llegue a la Presidencia en 2015 se trabajaría para transformarlo en un subsidio al trabajo, que genere fuentes de trabajo reales, no ficticias”. (Ámbito, septiembre 2012).

Estas afirmaciones de Bullrich se emparentan con lo que fue la ideología de la dictadura cívico-militar y del neoliberalismo de los 90, cuando se transformó al trabajo (o lo que se suponía como trabajo) en un recurso de la asistencia para quienes no se esperaba que hallaran un empleo en el mercado formal. Eran esos los subsidios a cambio de alguna contraprestación, sin ningún acceso a la seguridad social, asociada al empleo registrado. Contrariamente, sus componentes se restringían y se privatizaban. Así, con la reforma del régimen de asignaciones familiares, sus montos (que se adicionan al salario) se hicieron insignificantes; y con la reforma del régimen jubilatorio, se crearon seguros individuales administrados por las AFJP, nuevos agentes del mercado de capitales.

Contrapuesta a esa política es la AUH, creada como un componente de la seguridad social, extendiendo derechos sociales a población excluida de la misma. Aunque comprende solamente parte de las asignaciones familiares que cobran los asalariados formales y se mantienen diferencias y ciertas disparidades, constituye un dispositivo que amplía esos derechos del trabajo a los hogares de trabajadores del mundo de la informalidad, donde ciertamente se hallan los mayores índices de pobreza. La promesa de Bullrich “de eliminar la AUH y reemplazarla por planes laborales" es claramente, entonces, la promesa de la eliminación de un derecho social y su reemplazo por planes asistencialistas para los que quedan fuera del trabajo, volviendo a excluirlos de la seguridad social. Eso es, en concreto, lo que se desprende de las palabras de Bullrich: volver a los principios del individualismo y a un Estado neoliberal, que es precisamente el proyecto del PRO. Para esos principios y ese Estado, los “derechos” dependen del mercado; es decir, no hay derechos, sino capacidad (o no) de consumo. Los derechos sociales ponen límites (variables) a esa dependencia. Ningún derecho existe si no es instituido estatalmente como derecho. El derecho al trabajo, a condiciones dignas para el mismo y a la seguridad y protecciones ante avatares de la vida, exige la intervención del único órgano con capacidad de imponerlo legítimamente, que es el Estado y por la ley. 

Bernardo Kliksberg enfatiza que “la Asignación Universal por Hijo apoyó en la Argentina, en sus tres años de existencia, a 3,5 millones de niños desfavorecidos. Combinado con un fuerte aumento de la inversión en la creación de escuelas en las áreas pobres, y de la ampliación de los servicios en salud, mejoró sustancialmente las tasas de aprobación escolar y de salud”. Agregando que “la realidad muestra que es imprescindible un Estado que regule activamente, en protección del interés colectivo”. Y pregunta: “¿A quién le conviene que el Estado sea débil y no regule (como quería Zinn ya en los 70; y como quiere el PRO ahora); a quién le conviene que se sigan aplicando las políticas de austeridad, a pesar de sus impactos regresivos, y desacreditar sistemáticamente políticas públicas sociales, aunque den claros resultados?” (Página 12, noviembre 2013).

La concepción ideológica y las acciones concretas de aquel economista y político Ricardo Zinn y del actual empresario y político Mauricio Macri (líder del PRO) guardan una significativa coincidencia, en sentido opuesto a la imprescindible construcción de una sociedad más igualitaria y justa.


lunes, 4 de enero de 2016

Nota sobre "FILANTROPÍA EMPRESARIA", publicada en el diario "Página 12" de Buenos Aires (04/01/2016).
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FILANTROPÍA EMPRESARIA

                                                                                                                      Norberto Alayón
                                                                       Profesor Titular. Facultad de Ciencias Sociales-UBA

 La nueva ministra de Desarrollo Social, designada por Mauricio Macri, es Carolina Stanley. Abogada, de 40 años, ministra del área en la ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2011, hija de Guillermo Stanley, ex director del Banco Macro y ejecutivo del Citibank. Su esposo y padre de sus dos hijos, Federico Salvai, fue su Jefe de Gabinete del ministerio de la ciudad y actualmente es el ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Stanley inició su militancia en el Partido PRO en 2003. Entre 2004 y 2007 fue Directora Ejecutiva del think tank del Grupo Sophia, junto con Horacio Rodríguez Larreta, hoy Jefe de Gobierno de la CABA. En abril de 2012, siendo ministra, durante las inundaciones en la ciudad -donde fallecieron cinco personas y hubo cientos de evacuados, permaneció de vacaciones en Uruguay.

Carolina designó como secretario de Coordinación del Ministerio, virtual viceministro del área, a Gabriel Castelli, licenciado en Administración de Empresas, ex director de la empresa cementera Loma Negra, del HSBC Bank Argentina S.A., de la cadena Farmacity (del Grupo Pegasus), director nacional de Cáritas Argentina, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina (UCA). Como se ve, por su trayectoria: un hombre de las empresas y de la Iglesia católica.

El 8 de marzo de 2010, Castelli, siendo director de Cáritas, se reunió conjuntamente con el presidente de esa entidad caritativa (Monseñor Fernando María Bargalló) con la embajadora de los EE.UU., Vilma Martínez, “para dialogar sobre los trabajos comunitarios que lleva a cabo la organización”.

Como presidente de la Comisión de Justicia y Paz adhirió y convocó a asistir a la “Marcha del Silencio” del 18F (febrero de 2015), liderada por los fiscales federales a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

A comienzos de marzo de este año, Castelli se reunió con el diputado nacional y fundador del Frente Renovador Sergio Massa y los intendentes Gabriel Katopodis y Joaquín de la Torre de San Martín y San Miguel respectivamente, habiendo asistido también Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CEPAS); Monseñor Jorge Casaretto, ex obispo emérito de San Isidro e integrante de la CEPAS; y el Presbítero Adalberto Odstrcil, secretario de la CEPAS.

Según informes de investigadores periodísticos, “La Comisión de Justicia y Paz, que se preocupa por la pobreza, es financiada por los bancos Francés, Santander Río, Galicia y Standard Bank, por la aseguradora suiza Zurich Insurance Group, por las obras sociales OSDE (de empresarios) y ASIMRA (de personal jerárquico de la industria metalmecánica), por el sindicato de trabajadores de juegos de azar (Aleara) y por la Fundación Konrad Adenauer de la democracia cristiana alemana. Castelli integró antes la Fundación Andares, creada por el diputado nacional y ex broker de JP Morgan, Alfonso Prat-Gay, y financiada por la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ford”.

Otras fuentes periodísticas dan cuenta de que “Gabriel Castelli fue el vicepresidente de la Fundación Andares, que hoy ya no existe y que funcionaba en el segundo piso de la calle Viamonte 634. Otros integrantes eran Pedro Lacoste, Sebastián Reynal (Deutsche Bank), Luis Cedrola (Arcor, Bunge, Molinos Río de la Plata, Siderar, consejero en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), Pablo Caride (Citibank). El objetivo de la Fundación era contribuir a la erradicación de la pobreza y la exclusión social”. Verdaderamente, emociona -hasta las lágrimas- el objetivo formulado por estos “hombres de negocios” para defender a los más débiles de la sociedad.

Prat-Gay, hoy ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, figuró en la lista de evasores denunciados por la AFIP por una cuenta no declarada en Suiza. Quien fuera diputado nacional por la Coalición Cívica de la extraviada Elisa “Lilita” Carrió, administró la venta de Loma Negra y la multimillonaria fortuna de Amalita Fortabat, la “dama de cemento”, que años antes había sido vergonzosamente designada como “embajadora itinerante” por aquel otro “prócer” del neoliberalismo que fue Carlos Menem.

El sólido entramado de empresas, directores y CEOs varios, con multiplicidad de ONGs laicas y religiosas (muchas de las cuales registran orígenes, prácticas y financiamientos dudosos) revolotea cual buitres sobre el campo y las áreas de desarrollo social.

¿Con el nuevo gobierno del PRO-Cambiemos, estaremos en los albores del retroceso hacia la década de los 90, en la perspectiva de “filantropizar” las políticas sociales? Caridad cristiana y filantropía empresaria ¿vendrán a reemplazar la concepción de derechos?

Apelar a la caridad cristiana o a la filantropía de los ricos termina evidenciando la propia situación privilegiada de los que más tienen, la mayoría de los cuales cimentan y construyen su poder económico por medio de metodologías y comportamientos comerciales y financieros, alejados del más elemental sentido del derecho de todos al bienestar.

Las acciones filantrópicas, caritativas, benéficas, tienden a mantener y naturalizar los privilegios y las desigualdades. Las organizaciones que se dedican a estas actividades siempre son portadoras de determinadas concepciones ideológicas, políticas, religiosas. Se trata, entonces, de poder identificar con precisión dichas concepciones, evitando las mistificaciones. De ahí que la relación entre la acción social y la política sea inevitable.

Mientras tanto, recordamos que la historia demuestra que los filántropos siempre necesitaron más a los pobres, que los pobres a los filántropos. Cabría, también, evocar en el presente aquellos versos de la tradición española, que agudamente señalaban: “El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital y primero hizo los pobres”.

Por todo ello es que miramos, con enorme preocupación, a la ministra Stanley, a su viceministro Castelli y, sobre todo, a la maliciosa y contundente “racionalidad” del proyecto de Prat-Gay y “Cambiemos”. Por estos caminos, no sólo no van a concretar la falsa promesa de “la pobreza cero”, sino que agudizarán la fragmentación social y la marcada polarización entre ricos y pobres.

Buenos Aires, enero 1 de 2016.

sábado, 2 de enero de 2016

EL GOBIERNO DE MACRI Y EL INDEC

                                                           Norberto Alayón
Profesor Titular – Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

En los últimos años el funcionamiento del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) fue muy criticado. Con frecuencia de manera justa, más allá del perfil ideológico y político de sus tenaces críticos, los cuales fueron recibidos con gran simpatía y con los brazos abiertos por los medios ultraopositores, como los diarios “La Nación”, “Clarín”, “Perfil”, “La Prensa”, “La Razón”, y sus cientos de reproductores  concomitantes en todo el país a través de periódicos, radios, programas de televisión de aire y cable. Una batería de técnicos, periodistas, locutores, comentaristas, de distinto pelaje y nivel, confluían en una argamasa muy bien utilizada mediáticamente para esmerilar al gobierno kirchnerista.

Las constantes y cuasi militantes críticas en los medios, que además fatigaban las redes sociales, fueron asumidas por docentes e investigadores de la UCA (Universidad Católica Argentina) y de las Facultades de Ciencias Económicas y de Sociales de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Jorge Alberto Todesca, designado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri como nuevo responsable del INDEC, era (o tal vez siga siéndolo) titular de la consultora privada Finsoport Economía & Finanzas. Con muy pocos empleados, para la empresa que se proponía, el hoy nombrado titular de este Instituto oficial, fue uno de los principales impulsores del denominado “IPC Congreso” que difundían todos los meses distintos diputados nacionales de la oposición. Lo hacían en los salones del Congreso Nacional y los diarios opositores, varios de ellos indisolublemente ligados a la dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976, los propalaban con importante despliegue periodístico y las fotos con los cartelones que preparaban para tal fin.

Quien lideraba estas escenas mediáticas era la diputada Patricia Bullrich, que hoy ascendió al cargo de ministra de Seguridad de la Nación. También en estos programas mensuales posaban para la foto otros diputados, algunos inefables: Eduardo Amadeo, Paula Bertol, Carlos Brown, Pablo Tonelli, Federico Sturzenegger, Alberto Asseff, Ramona Pucheta, Ricardo Gil Lavedra, Juan Pedro Tunessi, Patricia Giménez, Cornelia Schmidt-Liermann, Patricia de Ferrari, Elsa Alvarez.

Al respecto, Patricia Bullrich con su estilo usual, afirmaba que se creó “una institución de verdad en oposición a las cifras mentirosas del INDEC”. Con singular audacia, caracterizó como “institución” a algunos datos opinables proporcionados por empresas privadas opositoras al gobierno.

El pasado 19 de diciembre, el diario “La Nación” consignó que a una semana de asumir, Jorge Todesca afirmó: “estamos trabajando en algunas alternativas diferentes. En dos semanas podemos tener un nuevo índice de precios, creíble pero provisorio”. Pero resulta que, a los pocos días, ya se desdijo: ahora acaban de declarar la “emergencia administrativa y estadística” hasta finales de 2016 y el nuevo INDEC no publicará datos de inflación, pobreza y desempleo porque “no existen recursos humanos ni materiales” para suministrar cifras ciertas.

Ahora bien: cuando todos los meses propalaban desde el Congreso Nacional datos estadísticos que decían que eran rigurosos e incontrastables y que los medios conservadores hegemónicos difundían con gran interés y despliegue a diestra y siniestra (más bien a diestra), ¿Jorge Todesca contaba con “recursos humanos y materiales” para suministrar cifras ciertas? ¿Eran ciertas esas cifras mensuales que Patricia Bullrich voceaba altaneramente desde el Congreso, para regocijo de los “grandes” diarios, del establishment económico y financiero y de alguna embajada?

¿El gobierno neoliberal de Mauricio Macri se tomará un año entero para brindar a la población estos importantes datos estadísticos? Todesca ahora declara: “la situación de emergencia estadística significa que tenemos facultades extraordinarias; la emergencia nos permite reordenar de forma rápida y sólida el Indec”. “En el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vamos a tener que trabajar durante muchos meses…”. “En marzo/abril vamos a poder reconstruir el cálculo de la canasta básica de alimentos y vamos a poder tener una dimensión de la pobreza”.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, consideró que “las estimaciones de inflación para diciembre andan, más o menos, por el 3,5 por ciento”. ¿Este dato es oficial? ¿Quién se lo proporciona al ministro? ¿El nuevo INDEC que dirige Todesca? ¿O Patricia Bullrich como líder del ex opositor “IPC Congreso”? 

No obstante, cuando el periodista Tomás Lukin del diario “Página 12” le pregunta a Todesca por la variación de los precios mencionada por el ministro, el titular del INDEC respondió: “No lo escuché. No tengo ningún número”. Por supuesto, nadie puede creer en la palabra de Todesca, aduciendo ignorancia acerca de lo que dejó de escuchar o leer sobre los dichos de su ministro.

Muy distinto es el caso de Carlos Melconián, el peculiar economista ex colaborador del presidente Carlos Menem, designado por Mauricio Macri como Presidente del Banco de la Nación Argentina. Melconián aseveró (sin brindar ningún dato oficial, ni haberlo consultado con Patricia Bullrich) que “en la parte final de diciembre la inflación ha cedido”. Y destacó que tras el cambio de Gobierno y de autoridades en la entidad “hay un cambio de humor en todo el personal del banco (Nación), 20 mil personas, que se respira caminando los pasillos”. Por cierto, Melconián debe poseer una pituitaria muy aguda y refinada, que se pone en evidencia olfateando insistentemente a miles de empleados por los pasillos del Banco.

Entendemos que será muy ilustrativo, para los profesionales y para la población en su conjunto, receptar a la brevedad las destacadas opiniones (y si es posible publicadas en los medios masivos) de aquellos especialistas críticos del anterior INDEC, acerca de la no publicación de datos por parte del nuevo INDEC de Macri.


Buenos Aires, enero 1 de 2016.